AJD y Disolución de condominio - Adelina Martínez-Paul -- Abogados Vigo

María Adelina Martínez Paul

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BREVE ANÁLISIS SOBRE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS – DOCUMENTOS NOTARIALES – A LA DISOLUCIÓN DEL CONDOMINIO.

BREVE ANÁLISIS SOBRE LA APLICACIÓN DEL AJD – DOCUMENTOS NOTARIALES – A LA DISOLUCIÓN DEL CONDOMINIO.

A la vista del Auto del Tribunal Supremo Sala 3ª de 16 de noviembre de 2017, en que se admite a trámite la demanda de recurso de casación de la Comunidad Autónoma de Valencia contra la Sentencia de 29 de junio de 2017 TSJ COMUNIDAD VALENCIANA Sección 3 de la Sala de lo Contencioso-administrativo, recurso 1302/2013, se me ocurren las siguientes reflexiones.

Antecedentes.- Según resulta del Auto, y de la Sentencia recurrida, el caso a resolver consiste en una liquidación de una sociedad de gananciales que acumula la disolución del condominio de un inmueble adquiriendo uno de los cónyuges al otro su cincuenta por ciento por un precio correspondiente a la mitad del valor del bien. Otorgada la escritura pública, liquidan el impuesto de AJD y el cónyuge adjudicatario paga el importe variable aplicando una base imponible que coincide con la mitad de valor declarado y adquirido.

Ante tal declaración la Agencia Tributaria de la CA de Valencia gira una liquidación aplicando como base imponible el 100% del valor del inmueble para el cálculo de la cuota de AJD. Recurrida la liquidación, el TEAR de Valencia estima la reclamación económico-administrativa, la Comunidad plantea el recurso contencioso-administrativo y la Sala de lo contencioso del TSJ COMUNIDAD VALENCIANA en la sentencia citada desestima el recurso. Recurre en casación ante el Tribunal Supremo la Comunidad de Valencia.

El recurso de casación invoca sobre todo la existencia de las dos sentencias contradictorias de la Sección 9 de la Sala de lo contencioso del TSJ MADRID, de 11 de octubre y 30 de octubre de 2012. (Que, añado, se confirman en otra más reciente de 14/03/2014).

El criterio que adopta el TSJ COMUNIDAD VALENCIANA en su sentencia de 29 de junio de 2017, para razonar su resolución parte de una consideración:

Y, a continuación pasa a decidir la cuestión que aquí proponemos:

Análisis.- Es cierto que las sentencias de la Sección 9 de TSJ MADRID se han decantado por interpretar el artículo 30.1 del RDLeg 1/1993 considerando que el valor declarado se corresponde con el que se da en la escritura a la totalidad del inmueble que abandona la situación de condominio. Pero, de su lectura resulta que no se da razón alguna para tal interpretación, simplemente se afirma así y parece suficiente:

Como se puede apreciar no hay razonamiento: el objeto del contrato es la extinción del condominio, siendo esto así, la cuantía del contrato es la totalidad del valor del condominio. Porque como dice la Sentencia de Valencia, recogiendo doctrina del Alto Tribunal el objeto de liquidación es el “documento” y no el contenido; y, si consideramos la realidad económica tenemos una compra de una parte de un todo, y nos encontraríamos con una liquidación bien diferente.

Siguiendo este argumento de la compraventa, pensemos que con una mentalidad recaudatoria extrema, si el dueño proindiviso de un 99% de una finca compra a su comunero su 1% por diez mil euros, pagaría su ITP – ya no el variable de AJD – y (variando con las CA) le supondría en la redacción alternativa el 6%, esto es 600 euros de impuesto; pero aplicando la LGT y su Artículo 13. Calificación. Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez. Y nos podríamos encontrar con que alguna Agencia Tributaria considerara que la compraventa en este caso encierra un fraude de ley tributaria, y liquidar como disolución de condominio por el importe de 0’5% sobre un millón de euros de base imponible – valor del bien inmueble – y procedente una liquidación por AJD de 5000 euros que le sale más a cuenta.

Por otra parte, siguiendo otro razonamiento paralelo: si una persona compra a otra un 25% de un bien inmueble, el valor del negocio jurídico que pueda recoger la escritura pública de compraventa no será nunca el valor del bien en su totalidad, sino simplemente la porción objeto de transmisión, la porción de bien que cambia de titularidad dominical.

Una aportación al razonamiento, que parece válida, sí se encuentra en la Sentencia del TSJ VALENCIA: la alegación del principio de capacidad económica. La capacidad económica manifestada …

 

Mis consideraciones.-

1.- El artículo 31.1 de la Constitución establece que 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad; y el artículo 2.2 de la Ley General Tributaria dice c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente; y en su artículo 3 la Ley General Tributaria señala 1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

 

Es decir, tanto el imperativo constitucional como los conceptos generales de todo IMPUESTO como tributo imponen que se respeten los principios de igualdad y progresividad, responda a hechos que pongan de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, y se respeten los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria.

Ante un supuesto de disolución de un condominio, en el que se presenten dos condóminos y un bien esencialmente indivisible, la solución civil legalmente aceptada es la de que uno de ellos pague al otro su parte en el condominio y se extinga la situación de comunidad (porque ésta, y en especial en relación con los bienes inmuebles, es una situación legalmente indeseada).

Poniéndonos en dos situaciones posibles de disolución del condominio de dos dueños, podemos imaginar: a) dos dueños al 50%, b) un dueño al 99% y otro al 1% (naturalmente caben otras posibilidades muy distintas, mas corroboran el razonamiento); ¿se cumplirían los principios de capacidad económica, de igualdad y progresividad, de equitativa distribución si en todos los supuestos de disolución del condominio y liquidación del impuesto se pagara lo mismo? Se ha de concordar en que no. No es lo mismo que el titular del 50% pague al otro dueño un 50% equivalente para adquirir su parte, a la situación distinta vista, que el titular del 99% pague al otro dueño su 1% (llevado al extremo y perfectamente posible legal y económicamente: que el dueño del 1% adquiera el restante 99% pagando al condueño que sale del condominio).

Las tres situaciones son iguales en cuánto al acto jurídico que entrañan: la disolución del condominio (con separación de un comunero, y quedando un propietario único); pero el significado económico es bien diferente en los tres casos posibles: la demostración de la capacidad económica del contribuyente cambia, la situación no es de igualdad, y no hay justicia si en los tres casos el impuesto a pagar por el titular final del bien tiene el mismo importe.

Pues bien, con la interpretación que se pretende aplicar en la Liquidación propuesta por las Sentencias del TSJ MADRID Sección 9 de la Sala de lo Contencioso, en los tres supuestos el pago del IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS sería el mismo: la totalidad del valor del bien se toma como base imponible y se le aplica el mismo tipo impositivo. Y tanto el que adquiere el 50%, como el que adquiere el 1%, como el que adquiere el 99% deberían pagar el mismo impuesto de AJD por la DISOLUCIÓN DEL CONDOMINIO. Una solución que claramente no respeta los principios constitucionales y legales para la aplicación de todo impuesto, y el tributo que grava los actos jurídicos documentados lo es (no es ni una Tasa ni una Contribución: cuyos principios inspiradores son distintos).

 

2.- Naturalmente tal interpretación, que por un puro interés económico de elevar la recaudación recurre la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana, no se puede compartir. Y del mismo modo que no la compartimos con las presentes Alegaciones, resulta que no la comparten otros: y así tanto el TEAR de Valencia, como el TSJ COMUNIDAD VALENCIANA (Sentencia 29/06/2017, recurso 1302/2013 de la Sección 3ª), entienden que la forma correcta de interpretar el artículo 30 de la Ley del Impuesto es considerar que el valor declarado se refiere al acto económico realizado (puesto que el AJD documentos notariales lo que grava, el hecho imponible, es el otorgamiento del documento notarial) y que la escritura recoge, pues es lo que pone de manifiesto la capacidad económica del contribuyente – el principio legal que justifica que el impuesto pueda existir y se cobre proporcionalmente, con igualdad y progresividad la cuota tributaria resultante – y en cada supuesto cambia. Y por ello, la base imponible del impuesto AJD en la disolución de condominio ha de corresponder con el valor declarado (en su caso comprobado) de la parte ajena que adquiere el titular final del bien una vez el condominio queda extinguido.

Si a mayores, lo que no es incorriente en mi Comunidad Autónoma de Galicia, puede suceder que el origen de la comunidad de bienes sobre el inmueble viene generada por disposiciones testamentarias, de las cuáles se ha liquidado y satisfecho el correspondiente impuesto de sucesiones, aún habría que plantearse incluso la legalidad de pretender posteriormente – ante el acto obligado de disolver el condominio generado por actos mortis causa – el cobro adicional de un impuesto como el AJD que (conforme al art. 31.2 del Texto Refundido IAJD) es incompatible con hechos o negocios que hayan tributado por el impuesto de sucesiones y donaciones. Repetidamente el TSJ ANDALUCÍA ha optado por esta solución, así por ejemplo la Sentencia de la Sección 2 de 7 de noviembre de 2008, recurso 1163/2007, pero de las más recientes como es la Sentencia de 20/07/2017 (recurso 132/2017), que cita otras suyas de 06/09/2012, 13/09/2012, y 05/11/2015, el criterio aún es más contundente.

El TSJ ANDALUCÍA sostiene una interpretación legal por la cual, tomando la doctrina del TS, partiendo del presupuesto de que el acuerdo administrativo que practica liquidación por IAJD afecta a una escritura pública dónde se documenta una extinción de condominio, resuelve colegir que no procede gravar por dicha modalidad impositiva la documentación en escritura pública de la operación de extinción del condominio en tanto que ésta constituye, en palabras del Tribunal Supremo, una mera especificación o concreción de un derecho abstracto preexistente que no tiene efectos fiscales. Y, en su consecuencia opera como un supuesto de sujeción a ITP pero con una suerte de exención del impuesto por aplicación del art. 7.2.b) del Texto Refundido, lo que lleva a la aplicación del principio general del artículo 31.2 dicho: que un hecho o acto gravado por ITP no es compatible con el impuesto de AJD y en consecuencia no cabe liquidación alguna por este impuesto de escrituras notariales que documenten la extinción de un condominio por la vía de la solución legal del pago que ofrece la combinación de los artículos 404 y 1062,1 del Código Civil en relación con su artículo 406. Así, el TSJ Andalucía (Málaga), Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, S 24-6-2013, nº 1743/2013, rec. 1335/2011, ha manifestado claramente que “la extinción del condominio, cuando el bien es indivisible, y el exceso de adjudicación se compensa en metálico, está sujeto a ITP pero por razones de política legislativa no se grava, está exenta. La excepción del art. 7.2.B del RD Legislativo 1/1993 ha de interpretarse no como un supuesto de no sujeción, sino de sujeción en la que concurre exención, por lo que no puede gravarse como acto jurídico documentado”.

La posición de la Administración, sobre la base de la Resolución del TEAC de 17 de septiembre de 2015, es considerar que la extinción del condominio “no está sujeta” al impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, y con ello al eliminar la sujeción de dicho TPO no existe la incompatibilidad con AJD y la escritura pública puede gravarse con dicha cuota gradual del impuesto en su modalidad de documentos notariales.

Esperemos que nuestro Tribunal Supremo comparta la procedencia de aplicar los principios generales de Derecho tributario respecto de los IMPUESTOS, y su aplicación en función de la capacidad económica manifestada por el contribuyente.

Si la explicación te ha parecido útil, y sobre todo fácil de entender, estaré satisfecho, y te rogaría me lo confirmes. Un saludo para todos. Para ver más noticias, haga click aquí: Noticias

 

ajd

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